Somos conscientes de la dificultad de resolver el problema de la Cañada Real, máxime cuando los intereses defendidos por el PP hacen que se pretenda atajar un problema social a través de políticas urbanísticas basadas en el mantenimiento de las desigualdades y el anteponer la búsqueda de beneficio permitiendo especular con un suelo público, a la búsqueda de una solución que atienda a las necesidades de las personas que viven en la Cañada y en los intereses de las y los vecinos de los municipios afectados.

Por nuestra parte creemos que hay que mantener en el horizonte la búsqueda del dialogo con todas las partes afectadas así como la búsqueda de soluciones basadas en la justicia social que anteponga el interés vecinal a los intereses urbanísticos y empresariales.

Continuaremos poniendo medidas que mejoren la seguridad de las y los vecinos de Rivas afectados por la cercanía del mayor supermercado de droga de Europa ubicado en Valdemingomez. Mejoraremos la coordinación entre administraciones y entre cuerpos y fuerzas de seguridad del estado siempre basándonos en la búsqueda de una solución permanente y no en la suma de “parches” y lavados de imagen que ha pretendido la Comunidad de Madrid.

Urbanísticamente, creemos que la solución no puede pasar por la legalización de todas las construcciones ubicadas en la Cañada. Este planteamiento provocaría un aumento de las diferencias sociales y por tanto de la inseguridad y provocaría situaciones altamente injustas entre habitantes de la Cañada y vecinas y vecinos de Rivas

Creemos y así lo compartimos, que el destino y el uso del suelo desafectado no ha de ser otro que no sea de interés público y social, un nuevo espacio natural para la vecindad de Rivas-Vaciamadrid.

Creemos que éste es el camino a emprender ahora, teniendo el compromiso y la voluntad necesarias para la consecución de los objetivos, que bien coordinados y aplicados han de suponer la resolución de un conflicto que hubiera podido evitarse si la Administración Pública con competencia en materia de Vías Pecuarias hubiese actuado con diligencia y responsabilidad cuando las vecinas y vecinos denunciamos los hechos.

Por tanto la solución debe pasar por medidas ecológicas, sostenibles, de igualdad y de justicia.

 

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