A pesar de que en el mundo hay alimentos disponibles para todos, unos 840 millones de personas padecen hambre todos los días y, lo que es peor, el número de hambrientos en vez de disminuir, aumenta a razón de unos 50 millones más por año. Una persona muere de hambre cada 4 segundos. Así, más de 840 millones de seres humanos, la mayoría habitantes de países en desarrollo, no tienen acceso a una dieta adecuada a pesar de que la disponibilidad de alimentos por habitante ha aumentado en más de un 20 % en las últimas cuatro décadas. Dado que hay suficientes alimentos en el mundo para alimentar a quienes lo habitamos, lo urgente es adoptar medidas adecuadas que conduzcan a la eliminación de las causas estructurales de esta situación de hambre.

Las Naciones Unidas establecen que el acceso a los alimentos es un derecho humano universal y una responsabilidad colectiva. El hambre y la desnutrición que hoy agobian al mundo, constituyen una vergüenza contra la cual es imperativo que todos actuemos. Así pues, nosotros afirmamos que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental de los seres humanos.

Todas las personas tienen derecho a acceder, en todo momento y con seguridad, al agua y a los alimentos nutritivos y libres de peligro para la salud, en la medida necesaria para llevar con dignidad una vida sana y activa.

No se puede utilizar ni a los alimentos, ni al hambre como un arma política nacional o internacional. No se puede negar el acceso a los alimentos a ninguna nación, ni a ningún grupo étnico o social por razones políticas, económicas, religiosas, ni de ningún otro carácter. Los embargos y sanciones internacionales que afectan a las poblaciones son incompatibles con este derecho humano recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es tarea de los gobiernos, garantizar a cada ciudadano una alimentación suficiente, por el simple hecho de vivir en un país. Cuando este no cumple con su obligación, los ciudadanos debemos exigírselo y mientras tanto efectuar un papel sustitutivo para garantizar ese derecho irrenunciable.

Los ayuntamientos como entidades más cercanas a los ciudadanos, debe canalizar esa cooperación ciudadana y exigir a las Comunidades y Gobierno Central, el cumplimiento de su obligación, denunciando la dejación de su compromiso.

Se desarrollarán programas de concienciación, sensibilización y ayuda al desarrollo a las personas más desfavorecidas, personas en peligro de exclusión social, e internacionalmente se priorizará la ayuda a las zonas más deprimidas de América Latina, Palestina y el África Northsahariana, haciendo especial mención al Sahara Occidental y a los campamentos de refugiados saharauis y a su especial problemática, reivindicando la lucha del pueblo saharaui y reconociendo a nivel institucional a la República Árabe Saharaui Democrática.

Se potenciará el Consejo de Cooperación, con propuestas vinculantes y dotándole de sentido, incluso cuando no haya dinero para subvenciones, siendo éste (El Consejo), el que concierte las reuniones del mismo, apoyando desde el gobierno municipal, las actividades, que en dicho Consejo se aprueben, para la obtención de fondos, para programas concretos de ayuda y solidaridad.

Se favorecerán proyectos donde además se luche por la igualdad, el respeto a la pluralidad e inclusión social.

Se continuará destinando el 1,1% del presupuesto, para Cooperación y además una cuantía fija de ayuda a emergencia, que se destinará íntegramente, para proyectos aprobados por el Consejo de Cooperación, siendo miembros del mismo las Entidades con arraigo en este municipio y que participen de forma activa en el mismo.

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